El pasado lunes 28 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto
presentó, en apego al Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, el Programa
Nacional de Infraestructura 2014-2018, el cual tiene por objetivo “liberar
el potencial del país para crear un México moderno y competitivo”.
El Programa busca fortalecer, mediante la inversión
de 7.7 billones de pesos, seis sectores clave para impulsar el potencial
competitivo de México: turismo, desarrollo urbano y vivienda, salud, hidráulica,
energía, comunicaciones y transportes.
Entre las obras que se destacan se encuentran el aumento al
número de kilómetros en construcción de carreteras; el transpeninsular
Yucatán-Quintana Roo; la modernización de los aeropuertos de Hidalgo, Toluca,
Chetumal, Cancún, Nuevo Laredo y Tlaxcala; la ampliación de la red del tren
eléctrico de Guadalajara y el Metrorrey; y la ampliación de la línea A de La
Paz a Chalco y la línea 4 de Martín Carrera a Ecatepec del STC Metro.
Sin embargo, esta última “obra de mejoramiento” no representa
más que una embarrada de chile en el fundillo para muchos capitalinos,
especialmente para aquellos defeños que se casaron con el #PosMeSalto, el #PosNoPago y levantaron la voz en contra del
aumento en la tarifa del STC, protestas que tomaron lugar a finales de 2013 y
fueron ignoradas al entrar en vigor la nueva tarifa en enero de 2014.
Miguel Ángel Mancera, Jefe del Gobierno del Distrito Federal
(JGDF), argumentó el aumento en la tarifa a la urgente necesidad de dar a los
vagones un poco más del mantenimiento básico, e incluso colocaron al interior
de cada vagón información sobre el costo de las refacciones, el tiempo de
manufactura y el tiempo de entrega —ya que son piezas importadas— como una
justificación a los dos pesos extra que a partir de 2014 pedirían a nuestros
bolsillos.
Si los usuarios del metro tenían expectativas de progreso
realmente bajas a pesar de la campaña a favor del aumento del boleto a cambio
de una mejor calidad de transporte, éstas disminuyeron mucho más con el cierre
de 12 de las 20 estaciones de la línea 12.
En su apertura, Marcelo Ebrard Casaubon, JGDF en 2012, dijo a
los medios: “ha sido una enorme obra, hace muchos años que no hacemos una obra
de este tamaño, una obra completa, terminada, con la tecnología más avanzada
del mundo”.
Aparentemente, Marcelo Ebrard no contaba con que esta “obra
maestra”, que por cierto costó 26 millones de pesos, presentara desgaste
ondulatorio en rieles, daños en las ruedas férreas y el fuera de servicio de
seis convoyes a tan solo año y medio de su inauguración. Y no sólo eso, sino
que Joel Ortega Cuevas, director general del Sistema de Transporte Colectivo
(STC), anunciara que la apertura de la línea se llevó a cabo a conciencia de
estos “pequeños detalles”, los cuales ya era de esperarse que con el tiempo se
fueran agravando.
¿Cuál es la conclusión? 26 millones de pesos invertidos igual a
un año y cinco meses de funcionamiento.
Sin embargo, la inversión en la línea Dorada es una pequeñez si
la comparamos con los 1,032 millones 917 mil 700 pesos del gasto público
invertido en la construcción de la Estela
de Luz, monumento conmemorativo del
Bicentenario de la Independencia y el Centenario
de la Revolución Mexicana, también llamada “la Suavicrema”, por la picardía
local.
El proyecto estaba valuado en 400 millones de pesos y la fecha
de inauguración sería el 15 de septiembre de 2010, sin embargo, hubo un
“ligero” desfase de tiempo y presupuestos, por lo que se inauguró el 7 de enero
de 2012 y costó más de 1,000 millones de pesos. Evidentemente surgieron rumores
de un uso inadecuado de fondos del erario público.
Los números hablan y, aparentemente, los mexicanos comunes
seguiremos sin ver ni un solo peso de esa inversión y seguiremos pagando la
gasolina con incremento en su precio mes con mes, más impuestos y sin puestos
de trabajo formales.
Estos no son más que luces rojas y calaveras ante el descontrol
administrativo, la tergiversación del manejo de recursos públicos y la
tolerancia ciudadana hacia el peor cáncer de la administración federal: la
corrupción.
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